Según los artículos 253 y 254 del Código Penal, los autores de estos delitos se apropiarán de dinero, bienes, valores o cualquier bien mueble obtenido mediante daño a otros, para sí mismos o para terceros. en concepto de depósito, comisión o custodia, o de las sumas que se les hayan confiado y hayan sido devueltas.

Bienes jurídicos a proteger: propiedad y herencia.

Métodos y sanciones:

El delito de robo y hurto se refiere a delitos contra la propiedad y el orden social y económico. Se refiere a la apropiación ilegal de bienes ajenos con el fin de beneficiar a uno mismo o a un tercero sin la voluntad del dueño del inmueble. .

La diferencia entre ambos delitos es que el robo implica el uso de fuerza o violencia para cometer el delito, mientras que el delito de hurto no implica violencia, intimidación o violencia contra las personas, por lo que no hay sustancia ni violencia de por medio. Los daños físicos y las multas son menos severos.

Agravado: Será sancionado con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de tres años, quien se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

• Cuando se sustraiga un objeto de valor artístico, histórico, cultural o científico. Cuando se trata de artículos de primera necesidad, hay escasez.
• Cuando se vean involucradas y gravemente dañadas tuberías, alambres, infraestructura eléctrica, equipos o componentes de servicios de hidrocarburos o de telecomunicaciones u otros elementos destinados a la prestación de servicios públicos.
• Para los productos agrícolas y animales o las herramientas y medios para obtener productos agrícolas y animales, pero el delito se cometió en una empresa agrícola y ganadera y causó daños graves.
• Si la situación es especialmente grave, se tiene en cuenta el valor del impacto del robo o se consideran específicamente los daños.

Cuando ponga a la víctima,a su familia en una situación material grave, se aproveche de sus circunstancias personales, de desamparo, se aproveche de que ha ocurrido un accidente, una situación que suponga un riesgo o amenaza general para la sociedad que la debilite o promueve la defensa de las víctimas.

Delito de robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias

Atenuado: Si los sucesos se han cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se castigará con una pena de prisión de uno a cinco años.

Básico: Será castigado con una pena de prisión de dos a cinco años.

Agravado: La pena va de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias.

Robo con violencia e intimidación

Tipo básico: Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.

Tipo Agravado: Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.

El delito de tortura previsto en el artículo 174 del Código Penal es un delito cometido por autoridades o funcionarios que abusan de sus poderes para obtener confesiones o información de una persona o castigar a otra, o sea sometida a condiciones o procedimientos que le causen sufrimiento físico o mental, supriman o disminuyan su conocimiento, intuición o capacidad de toma de decisiones, o por cualquier motivo discriminen de manera que viole su ética.

También son culpables de este delito las instituciones o funcionarios de una institución correccional o de un centro correccional o de protección de menores que cometan dichos actos contra un detenido, preso o recluso. El objetivo de una defensa penal ante el delito de tortura es la integridad moral, es decir, la dignidad y el respeto que toda persona merece como ser humano.

El principio de la Corte Suprema establece que la integridad moral es una expresión directa de la dignidad humana, incluyendo aspectos de la personalidad y la identidad personal, el equilibrio psicológico, el respeto por uno mismo o por los demás, que deben acompañar a toda persona.

• Básico: pena de prisión de uno a tres años.
• Agravado: pena de prisión de dos a seis años.

Además, además de las penas antes mencionadas, los condenados tendrán inhabilitación absoluta para la actividad profesional durante un período de ocho a doce años.

Tipos y elementos de la línea de defensa:

Para distinguir el delito de tortura de otros delitos contra la integridad moral, su finalidad debe ser obtener confesiones o información o castigar a personas por actos cometidos o que se sospecha que han sido cometidos.

El comportamiento típico consta de los siguientes elementos:

• El elemento material: el elemento en el que se produce la serie de actos que constituyen tortura, consiste en actos o actos que causan sufrimiento físico o mental, o que impiden o menoscaban el conocimiento, la intuición o la capacidad de tomar decisiones, o suprimen otras capacidades. Comportamiento que atenta contra la dignidad moral y causa sufrimiento a la víctima.
• El elemento personal: donde el sujeto activo debe ser representante de una autoridad pública, ya sea autoridad abusiva o funcionario público, y no actuar en nombre de un interés específico. Es un delito especial para el cual debe calificar el autor, que puede ser una institución, un funcionario público, un funcionario de un centro penitenciario o de servicio juvenil o de una institución correccional. Este sujeto activo debe utilizar medios ilegales para abusar de su posición, incluso si sus objetivos son loables.

El elemento teleológico: o final relacionado con la intención, porque la ley penal establece que el acto de tortura tiene como finalidad obtener una confesión o información o castigar a una persona por un delito que ha cometido o se sospecha que ha cometido.

El comportamiento típico consta de los siguientes elementos:

• El elemento material: el elemento en el que se produce la serie de actos que constituyen tortura, consiste en actos o actos que causan sufrimiento físico o mental, o que impiden o menoscaban el conocimiento, la intuición o la capacidad de tomar decisiones, o suprimen otras capacidades. Comportamiento que atenta contra la dignidad moral y causa sufrimiento a la víctima.
• El elemento personal: donde el sujeto activo debe ser representante de una autoridad pública, ya sea autoridad abusiva o funcionario público, y no actuar en nombre de un interés específico. Es un delito especial para el cual debe calificar el autor, que puede ser una institución, un funcionario público, un funcionario de un centro penitenciario o de servicio juvenil o de una institución correccional. Este sujeto activo debe utilizar medios ilegales para abusar de su posición, incluso si sus objetivos son loables.
• El elemento teleológico: o final relacionado con la intención, porque la ley penal establece que el acto de tortura tiene como finalidad obtener una confesión o información o castigar a una persona por un delito que ha cometido o se sospecha que ha cometido.

Estas acciones tienen tres propósitos: obtener información, utilizar la tortura punitiva como castigo simple y tortura discriminatoria. Estos últimos factores constituyen el elemento subjetivo de ilicitud que distingue la tortura de otros delitos contra la integridad moral.

El delito de desobediencia a las autoridades está tipificado en el artículo 556 del Código Penal principalmente como ataques contra las autoridades, sus representantes y funcionarios públicos.

Este delito consiste en la desobediencia o resistencia grave a la autoridad o a sus representantes en el desempeño de sus funciones o al personal de seguridad privada que colabore con las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como la falta de respeto o falta de atención hacia los mismos.

También se considera ataque de desobediencia cuando el sujeto activo no respeta y considera la autoridad en el desempeño de sus funciones.

La consumación de este delito se produce cuando el sujeto activo desobedece o se resiste a las órdenes o instrucciones dadas por las autoridades sin causar daño.

Es un delito intencional porque el objetivo activo ignora voluntariamente y a sabiendas las instrucciones dadas por las autoridades competentes.

El delito de agresión contra un funcionario es cuando el responsable se resiste al funcionario o a sus representantes en el desempeño de sus funciones o no le obedece a él o al personal de seguridad privada si se encuentran bajo la autoridad de fuerzas y cuerpos de seguridad.

• Debe existir una orden o instrucción directa de la agencia al sujeto activo.
• Esta disposición debe estar protegida por la legislación. Esto significa que debe ser una guía regulada.
• El sujeto activo debe ser consciente de la existencia de esta orden antes de violarla.
• El responsable de este delito debe conocer las instrucciones que se le den. Si no hay una autorización clara por parte de la autoridad, no se puede considerar una violación.
• Finalmente, el responsable debe negarse expresamente a cumplir el deber impuesto por la autoridad, tipificando esta desobediencia como delito.

En el delito de desobediencia se distinguen dos figuras, un sujeto activo que lleva a cabo el delito, y un sujeto pasivo que sufre las consecuencias de estos actos.

Cualquier persona puede ser un objetivo activo. Si se tratara de una autoridad pública o funcionario, ese delito se incluiría en la categoría de delitos anti administrativos, lo que daría lugar a penas diferentes.

El objetivo pasivo de esta ofensa sólo puede ser uno de los siguientes personajes:

• La institución o sus representantes en el desempeño de sus funciones.
• Personal de seguridad privada, si realiza tareas de seguridad privada en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El delito de acoso en España se define como una conducta persistente y no deseada que causa malestar, temor o humillación a la víctima. Este tipo de comportamiento puede manifestarse de diferentes formas, como el acoso sexual, el acoso laboral o el ciberacoso.

En el ámbito profesional, el acoso puede tener graves consecuencias tanto para la salud física como psicológica de la persona afectada, así como para el ambiente de trabajo en general.

Este delito está tipificado en el artículo 172 ter del Código Penal y sancionar a quienes, sin autoridad legal, monitoreen, acosen, establezcan o intenten establecer contacto y alteren gravemente la vida cotidiana de la víctima de manera continua y reiterada, esto también incluye a las personas que hacen un uso indebido de sus datos personales para comprar productos o contratar servicios, permitir que otros se comuniquen con ellos, o amenazar su libertad o propiedad, o violar la libertad o la propiedad de otras personas cercanas a ellos.

Modalidades y penas:

• La conducta típica exigida para la comisión de este delito consiste en acosar mediante alguna de las siguientes conductas:
• Vigilar, perseguir o buscar una cercanía física
• Establecer o intentar establecer contacto a través de cualquier medio
• Usar indebidamente datos personales, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima
• Atentar contra su libertad o patrimonio o en contra de una persona próxima a la victima

Los delitos contra la salud pública son aquellos que al cometerse provocan daños a la salud colectiva y, por consiguiente, afectan negativamente al bienestar genera y su tipificación se fundamenta en el artículo 43.1 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la protección de la salud entre los principios rectores de la política social y económica.En el ámbito profesional, el acoso puede tener graves consecuencias tanto para la salud física como psicológica de la persona afectada, así como para el ambiente de trabajo en general.

¿Qué tipos de delitos contra la salud se pueden cometer?

Hay dos tipos de delitos que atentan contra la salud pública:

Se trata de disposiciones comprendidas entre los artículos 359 y 367 del Código Penal y pueden incluir:

• Producir sustancias peligrosas para la salud o productos químicos que puedan causar daños graves.
• Fabricación de medicamentos o productos sanitarios sin la debida autorización.
• Distribución ilegal de drogas.
• Falsificación de documentos relacionados con medicamentos o productos sanitarios.
• Dopaje en el deporte.
• Fraude y adulteración en relación con alimentos o agua potable.
• Tráfico de drogas.
• Comportamiento preparatorio y reincidencia internacional.

Prevé también la pena de inhabilitación absoluta de 10 a 20 años si son cometidos, en el ejercicio de su cargo, por autoridad o agente de la misma.

Imputación de los pagos del penado

Según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Penal, los pagos realizados por el penado por uno o varios delitos de los artículos 361 a 372, se imputarán en el siguiente orden:

• A reparar el daño causado e indemnizar los perjuicios.
• A indemnizar al Estado por los gastos que se hayan realizado por su cuenta en la causa.
• A la multa impuesta.
• A las costas del acusador particular o privado cuando la sentencia obligue a su pago.
• Al resto de las costas procesales, incluidas las de la defensa del procesado, sin preferencia entre los interesados.